A cinco años del Acuerdo de Paz en Colombia: ¿Qué se ha logrado? ¿Qué ha fallado?

En el marco de la conmemoración de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, la Voz de América hace un balance sobre los logros y las metas que aún están por cumplir en un país que aún tiene deudas pendientes con las víctimas de la violencia que por más de cinco décadas azotó al país suramericano.

¿Cuándo se firmó el Acuerdo de Paz?

El Acuerdo de Paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC que se firmó dos veces. El primero, el 26 de septiembre de 2016, tras cuatro años de negociaciones en La Habana, entre Juan Manuel Santos, entonces presidente de Colombia, y Rodrigo Londoño, exguerrillero y último comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y, posteriormente, con el plebiscito, el 24 de noviembre, cuando triunfó el NO.

¿Por qué es un acuerdo histórico?

El objetivo del acuerdo fue poner fin a más de 50 años de un conflicto armado en Colombia que dejó más de 260.000 muertos y seis millones de desplazados en todo el país.

El acuerdo permitió que más de 13.000 exguerrilleros de las extintas FARC, incluidos cerca de 7.000 combatientes, se reintegraran a la vida civil. Incluso, se conformó un partido político Comunes​, que originalmente se fundó bajo el nombre Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

¿Cuál es el balance hasta hoy?

La Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, una institución creada para la atención, asistencia y reparación de las víctimas del conflicto armado interno, presentó este año un balance que indica que 189.103 familias han regresado a sus hogares, tras desplazadas por la violencia, entre diciembre de 2016 y el 30 de septiembre de 2021. Esto corresponde al 18 % del total de la población colombiana.

En total, 9.189.839 personas integran el Registro Único de Víctimas (RUV).

Por otro lado, 7.341 personas han recibido atención psicosocial en los Centro Regional de Atención Integral a Víctimas (CRAV). con una inversión de $1.092.557.937,41 de pesos, es decir casi 275.000 dólares.

Sobre las entregas de atención y ayudas humanitarias, la Unidad informó que durante estos dos años se han entregado 1.979.702 giros de atención humanitaria a 917.000 hogares y 244.445 indemnizaciones individuales por 2.4 billones de pesos (más de 60 mil dólares), mientras que 241.024 víctimas han accedido a medidas de satisfacción.

¿Qué ha fallado?

Después de que se firmara el acuerdo, disminuyó la violencia. Sin embargo, posteriormente, grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación ELN y bandas criminales iniciaron una lucha por el control territorial en zonas del narcotráfico abandonadas por las FARC.

Así mismo, algunos líderes y excombatientes han regresado a la lucha armada.

Sectores políticos, diferentes al Gobierno, lo han culpado de una deficiente aplicación de los puntos clave del acuerdo, integrados por una reforma rural integral, la participación política, el fin del conflicto, la solución al problema de las drogas ilícitas y la cuestión de la reparación a las víctimas.

Incluso, un​ informe de seguimiento de la implementación del acuerdo, elaborado por legisladores colombianos y representantes de diferentes sectores políticos, en enero de 2021, señala que se han incrementado los desplazamiento forzados y el asesinato de líderes sociales.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado el asesinato de 286 excombatientes desmovilizados, desde que se firmó el acuerdo.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), hasta el mes de julio de este año, 103 líderes y 31 firmantes del acuerdo fueron asesinados. Además, se han registrado 60 masacres con 221 víctimas fatales en Colombia.

El informe de los legisladores también indica que el Estado aún todavía debe reparar a las víctimas y que esto tardaría decenas de años en lograrse. El reporte indica que solo se han asignado 0,08% de las 3 millones de hectáreas previstas del Fondo de Tierras, una estrategia de reforma rural integral.

¿Qué dice el Gobierno?

El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, uno de los principales encargados de implementar el acuerdo de paz, ha hecho un balance positivo de su implementación.

El funcionario señaló que la administración del presidente Iván Duque ha cumplido, a través del Programa de Paz con Legalidad. En el marco de la conmemoración de la firma del Acuerdo, sustentó el trabajo del Gobierno Nacional frente a la implementación y afirmó que se han sentado las bases para construir sobre lo ya construido.

“El presidente ha sido serio e históricamente responsable. Resolver problemas estructurales necesita demás 15 años, esa es la magia. Llevamos décadas tratando de hacer esto, pero no hemos podido, porque cada 4 años llega un presidente a imponer su visión”, dijo el Consejero Archila, durante un panel organizado por la Universidad Externado de Colombia.

“Hemos llenado mucho más de lo que correspondía llenar del vaso en una implementacióna 15 años. Pero además de eso están las planeaciones para saber de dónde se va a sacar el agua para poder llenarlo por el resto del tiempo”, señaló Archila.

Sobre el tema de víctimas dijo que se ha fortalecido el trabajo: «Tenemos el único proceso en el mundo que va a tener a las víctimas participando en el Congreso de la República, eso solamente lo ha hecho Colombia. En la formulación de los PDET, la mayor participación fue la de víctimas. Las víctimas fueron uno de quienes salieron a hacer las protestas cuando hubo las manifestaciones. Me reuní con ellos llegamos a las negociaciones en 10 días con quienes representan a 9 millones de colombianos».

En cuanto a la reincorporación, destacó el acompañamiento que se hará con garantías a las personas que lo necesiten.

Frente a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- dijo que 220 mil personas identificaron las necesidades, 1 de cada 7 hogares discutiendo necesidad por necesidad: «El 40% de esas iniciativas están en los planes municipales y de desarrollo de los departamentos. 10 departamentos tienen su propia política de implementación», señaló Archila.

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