Jair Bolsonaro a todo o nada

Llevaba tiempo lanzando patadas sin dar en el blanco. Jair Bolsonaro no sólo quiere patear el tablero. Necesita derribar la institucionalidad vigente, porque puede terminar preso. El presidente de Brasil es como el sujeto que comete un delito y, escapando de la persecución policial, choca autos y atropella transeúntes, agravando su situación judicial.

Haber defendido el golpe de 1964 contra Goulart y la dictadura que inició el general Castelo Branco, es grave en un legislador y un presidente. Aún más grave fueron los elogios al coronel Brilhante Ustra, máximo exponente de la tortura en el régimen militar. Apología de un delito de lesa humanidad.

Bolsonaro parece no entender la gravedad de lo que dice. Tampoco calibra sus actos en el escenario de la pandemia. Promover la hidroxicloroquina a pesar de las advertencias médicas y sabotear las medidas de distanciamiento social más elementales, como el uso de barbijo y la prohibición de las aglomeraciones, eran faltas gravísimas. Pero como las hacía Donald Trump, su ferviente admirador brasileño pensó que estaba bien. Y cuando empezaron a ingresar en el Congreso pedidos de juicio político por incapacidad de comprender la irresponsabilidad y gravedad de sus actos, el presidente comenzó a lanzar poco disimuladas exhortaciones a los militares para que clausuren el Congreso si prospera alguna de las demandas de impeachment que pronto se acumularon configurando un récord vergonzoso.

Reclamando la intervención militar, Bolsonaro había iniciado la fuga alocada en la que fue sumando estropicios institucionales que agravaron su situación judicial. El Supremo Tribunal Federal (STF) también era blanco de los ataques presidenciales. El mandatario había iniciado su ofensiva cuando el Poder Judicial empezó a bloquearle decisiones sobre la pandemia y cuando jueces supremos pusieron la lupa en actividades presuntamente criminales de sus hijos y miembros de su entorno político.

A esa altura Bolsonaro ya era como el malhechor que choca y atropella mientras huye de la persecución policial. Más acosado está y más estropicios institucionales comete. Y plagiando el asalto al Capitolio incitado por Trump el 6 de enero, el presidente ultraderechista convocó movilizaciones para blandirlas como una espada contra el STF. El día que evoca la ruptura con Portugal que en 1822 que convirtió al príncipe Pedro en emperador de Brasil, volvió lanzar amenazas contra los magistrados y contra quienes promueven juicios políticos.

Exigió al titular del STF la expulsión de Alexandre de Moraes, el magistrado que investiga la producción de fake news en el mismísimo Palacio presidencial. Pero el titular de esa corte suprema, Luiz Fux, respondió explicándole que “si el desprecio a las decisiones judiciales” ha sido “incitado por el jefe de alguno de los poderes”, tal incitación constituye “un atentado a la democracia y configura un crimen de responsabilidad a ser analizado por el Congreso”.

Pero eso no importa a los bolsonaristas fervientes. En una sociedad partida por el odio político, quienes adhieren a los discursos de aborrecimiento que esgrimen los líderes populistas de izquierda y de derecha, siempre superan el 20 por ciento y, por ende, pueden confluir en manifestaciones multitudinarias aunque una amplia mayoría esté en contra.

La imagen de las masas inundando avenidas de San Pablo genera la sensación de que a Bolsonaro lo respalda la mayoría, pero las encuestas señalan lo contrario.

Así como para las izquierdas autoritarias todo lo que no está en su vereda es “neoliberal”, para las derechas autoritarias todo lo que no está en su vereda es “comunismo”. Quienes adhieren a una y otra están convencidos de que la oposición es despreciable y que, para conjurar ese y otros males, es necesario derribar las barreras institucionales que atan las manos al líder.

Para los bolsonaristas, las denuncias contra Bolsonaro son operaciones del “narco-comunismo” y las críticas son impulsadas por el Foro de Sao Paulo, otras ententes que quieren “imponer el marxismo” en Brasil.

En realidad, el problema de Bolsonaro es un rasgo que, paradójicamente, también le abrió el camino hacia el poder: la incontinencia barbárica. Ocurre que hay momentos de la historia en los que el anti-sistema y los discursos de aborrecimiento cotizan en términos electorales.

En 28 años de diputado no elaboró leyes relevantes, pero dijo tantas barbaridades que logró hacerse notar. Le debe la visibilidad a su incontinencia barbárica. Pero a ese mismo rasgo, sumado a sus desequilibrios y desequilibrios, le debe las denuncias que lo persiguen.

Los pronunciamientos antidemocráticos son faltas graves. Sus exhortaciones a los militares para que intervengan el STF y cierren el Congreso podrían no quedar impunes.

Lo de Bolsonaro es golpismo explícito. Su problema no es lo que dicen de él, sino lo que él dice. Su problema con el Poder Judicial no es que los magistrados del STF sean “comunistas”, sino juristas. Como tales, deben hacer que los delitos sean sancionados. Y no hay forma de que eludan sancionarlos cuando un presidente los comete en forma pública.

Todo está a la vista. La irresponsabilidad con que saboteó el distanciamiento social y las políticas estaduales anti-pandemia, y la presión a los militares para que embistan contra el Poder Judicial y también contra el Legislativo en caso de que prospere alguno de los 130 pedidos de juicio político que, hasta ahora, atajó el titular de la cámara baja Arthur Lira.

No se trata de una interpretación de los hechos, sino de los hechos. Está a la vista su marcha por la misma senda que transitó Trump, quien propuso eliminar el voto por correo, empezó a denunciar fraude desde que las encuestas vaticinaron su derrota y luego desconoció el resultado y lanzó una turba contra el Capitolio.

Bolsonaro reclama volver al voto de papel, afirmando que el voto electrónico usado desde 1996 será instrumento del fraude. Y convoca multitudes que, en algún momento, intentará lanzar contra el Congreso y el STF para quedar al frente de un régimen apoyado en los militares.

Para el presidente, el artículo 142 de la Constitución promulgada en 1988, al plantear entre los deberes de las Fuerzas Armadas el de establecer “la Ley y el orden”, lo habilita a ordenar la intervención militar al Congreso y el STF.

Esa interpretación absurda es otra falta que se suma a las que viene cometiendo en su huida de las denuncias que lo persiguen. Sabe que sólo en la presidencia está a salvo y necesita romper la regla para que el voto no lo saque.

Vislumbrando que al dejar el poder iniciará un trayecto que puede terminar en la cárcel, intenta patear el tablero institucional que le depara ese destino.

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