La ONU pide a Venezuela rendir cuentas sobre crímenes de lesa humanidad

Especialistas de la ONU presentaron este miércoles 16 de septiembre un informe sobre Venezuela que vincula al presidente, Nicolás Maduro, y a varios de sus ministros con posibles «crímenes de lesa humanidad» entre 2014 y 2020, pero el Gobierno bolivariano rechazó de plano el reporte bajo el argumento de que está «plagado de falsedades«.

La misión, que no pudo visitar Venezuela por la negativa del Poder Ejecutivo a facilitar sus pesquisas, investigó más de dos centenares de casos y concluyó, en un informe de 443 páginas, que se cometieron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas en el país sudamericano.

Desde la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el periodista Juan Gasparini hizo un reporte sobre este informe y la repercusión que tuvo: «Es producto de una comisión de establecimiento de hechos. Cuando llegan denuncias a la ONU que se cometen crímenes en un país, la ONU organiza una comisión de expertos para saber si las denuncias tienen certitud. El 27 de septiembre del año pasado se constituyó esta misión compuesta por tres expertos elegidos por el Consejo de Derechos Humanos que se compone por 47 miembros».

En ese sentido, contó que los expertos «pidieron varias veces autorización a Venezuela para entrar al país y eso no fue posible. Nunca tuvieron una respuesta, por consiguiente, era una forma de vedarlos del país».

«Sin embargo, pudieron examinar 3.114 casos de los cuales investigaron 223 con cierta profundidad y fueron al fondo en 48 casos a tal punto que sobre esos casos presentaron un informe específico de 443 páginas», contó.

Asimismo, informó: «La cantidad total de víctimas que ha producido la represión en Venezuela del 2014 al 2019 es de 5.094 personas, cercano a la cifra que se viene afirmando por la represión de las revueltas donde hubo 3 momentos álgidos, 2014, 2017 y 2019 y siempre se habló de unas seis mil víctimas».

«Esta misión responsabilizó de los hechos al presidente Nicolás Maduro y al ministro del Interior y al de Defensa. Caracterizó estos hechos como crímenes de lesa humanidad, es decir, hay un uso masivo y sistemático de la violencia por parte de grupos estatales», añadió.

En esa línea, manifestó: «Pese a que no pudieron entrar a Venezuela, realizaron a distancia unas 224 entrevistas a víctimas, familiares, ONGs, abogados y con ex funcionarios del gobierno de Maduro que se separaron del gobierno o fueron expulsados».

«Pudieron identificaron los órganos del Estado que llevaron a cabo esta represión. Hablan de órganos que se constituían por convocatoria propia que eran las operaciones de Liberación del Pueblo. Después están las Fuerzas de Acción Especial que son unos grupos paramilitares, que ya habían sido notificados por Bachelet y había pedido su disolución. Y después hay otra sigla que llama la atención que es CICPC, simulaban enfrentamientos de que había gente que se había levantado de forma insurreccional y entonces las abatía, normalmente los muertos presentaban balazos en la cabeza e incluso golpes de machete en el tórax», expresó.

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De todas maneras, aclaró: «Como toda misión de establecimiento de hechos, presentan los hechos de forma bruta pero no es una investigación judicial. Eso lo tiene que realizar los órganos del estado del país examinado y si ésos órganos, como es el caso, no realizan estas investigaciones, queda la justicia internacional, en este caso, la Corte Penal Internacional, que recibió información de estos hechos que fue firmada por varios presidentes de países sudamericanos y está en una situación de investigación previa en la sede de La Haya».

«El informe lamenta la complicidad o la erosión del aparato judicial que hace que la justicia es cómplice de estos crímenes. Se destaca una figura que tiene un rol muy conocido a nivel internacional como el procurador o fiscal general de Venzuela, Tarek William Saab, que realiza declaraciones públicas a nivel internacional asiduamente», contó.

Por último, explicó que este informe va a ser debatido en el Consejo de Derechos Humanos el 23 de septiembre y habrá luego un voto al respecto entre el 4 o 5 de octubre «de modo que, probablemente, esta misión va a renovar su mandato para continuar investigando». Y agregó: «Tomé contacto con las autoridades diplomáticas en Ginebra, de Venezuela, y todavía no he tenido respuesta».

En conferencia de prensa, la presidenta de la misión, Marta Valiñas, subrayó: «La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos».

Valiñas agregó que algunas de las violaciones, «incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, constituyen crímenes de lesa humanidad». «Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del Gobierno», acusó.

A su turno, el ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, sentenció que se trata de «un informe plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Estados Unidos».

Recalcó por Twitter que la publicación de este documento «ilustra la práctica perversa de hacer política con los Derechos Humanos y no política de Derechos Humanos», antes de añadir que el Gobierno ya rechazó la formación de la misión de investigación.

«Desde el 2 de diciembre de 2019 hemos afirmado que no reconocemos ningún mecanismo politizado e inquisidor, creado con fines ideológicos por países con pésimos récords en Derechos Humanos para agredir a Venezuela y tratar de dañar la relación con la oficina de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet«, añadió.

Arreaza reiteró la «cooperación» de Caracas con el Consejo para los Derechos Humanos de la ONU y argumentó que esta «se ha generado de manera coordinada y constructiva» con la oficina de Bachelet. «Los avances han sido notorios y así lo ha reconocido Bachelet al anunciar la renovación de la relación», concluyó.

Venezuela vive una larga crisis política que se agravó en 2019 cuando el líder opositor y titular del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó presidente con apoyo del Legislativo argumentando que Maduro usurpó el cargo tras reelegirse en unos cuestionados comicios un año antes.

En julio, Bachelet presentó un informe sobre Venezuela que denunciaba «detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso» y casos de «tortura y desapariciones forzadas».

EuDr CP