Condenado a 18 años el abuelastro que violó y dejó embarazada a una niña de 11 años en Argentina

Una pequeña cicatriz en el cuerpo de Lucía, de 12 años, recuerda la cesárea a la que fue sometida un año atrás, cuando su caso conmocionó a Argentina. La menor fue violada por su abuelastro y las autoridades le denegaron durante cuatro semanas el aborto que solicitó para poner fin a su embarazo, que finalmente pudo llevarse a cabo. En un juicio abreviado, un tribunal de Tucumán ha condenado este viernes a 18 años de cárcel al violador de Lucía por «abuso sexual doblemente agravado por el grave daño a la salud mental y física de la niña aprovechando la situación de convivencia».

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«Causó un daño tremendo. Le arruinó la vida y dejó marcada a mi hija y a toda mi familia», ha dicho Sol, la madre de la víctima, al dirigirse a los jueces antes de que dictasen sentencia. El acusado se declaró culpable, pero no pidió disculpas. Lucía y Sol son nombres ficticios para proteger la identidad de la menor, representada en el juicio por letrados de las organizaciones no gubernamentales Andhes y Cladem.

«No hay pena que pueda borrar el daño que sufrió Lucía pero entendemos que este juicio abreviado con una condena que roza la máxima tipificada fue la mejor opción para proteger a la niña que no deberá pasar por un proceso que puede ser revictimizante y estigmatizante en un momento en el que está logrando rearmar su vida y sus vínculos», han indicado Emilio Guagnini, de Andhes, y Celia Debono, de Cladem. Para ambos representantes, el fallo muestra «que había pruebas irrefutables y contundentes de la culpabilidad del acusado».

La visibilidad del caso contribuyó a la celeridad del proceso judicial: en menos de un año el violador de Lucía ha sido condenado. El fallo puede ser recurrido, pero el tribunal ha resuelto que se mantenga la prisión preventiva hasta que haya una sentencia firme.

Los jueces han dictado medidas de reparación a la menor y solicitado al Gobierno asistencia psicológica gratuita para ella, una beca para que pueda terminar sus estudios y asistencia social para ella y su familia, según ha informado Andhes. Además, han instado a desarrollar campañas para evitar la violencia contra las mujeres.

«Embarazo infantil es tortura», «Niñas, no madres», «Todas somos Lucía», podía leerse en las pancartas de activistas que se han acercado hasta las puertas de los juzgados de San Miguel de Tucumán para acompañar a Lucía y a su familia.

La legislación argentina considera el aborto un delito castigado con penas de hasta cuatro años de cárcel para la gestante que interrumpa de forma voluntaria su embarazo, excepto en casos de violación o de riesgo para la salud de la madre. En el caso de Lucía, se cumplían los dos supuestos amparados por la ley. Aun así, las autoridades provinciales y médicas del hospital donde fue internada postergaron durante casi cuatro semanas el aborto solicitado e intentaron convencerla para que cambiase de opinión.

Tucumán, en el norte de Argentina, es una de provincias más conservadoras del país y una de las cinco que no tiene protocolo de aborto no punible propio ni se ha adherido al nacional. En 2018, la Cámara legislativa votó a favor de declarar «provida» el territorio provincial en una resolución que contemplaba también «la defensa de la vida desde el momento de la concepción en el vientre materno hasta su muerte natural». La pareja de médicos que realizó la interrupción del embarazo de Lucía fue denunciada por homicidio por abogados antiabortistas y sufrió amenazas y persecución.